Edgardo Rodríguez

AL EDIL

Lo que anulamos en la Cámara, fueron dos decretos de la mayoría del PN.

Fueron anulados, primero , porque no es la Junta Departamental ni la Intendencia, quienes pueden prohibir totalmente la minería ni ninguna otra actividad como la agricultura, o la ganadería, o la forestación, etc.

Compete al Gobierno Nacional, determinar qué actividades se pueden hacer, autorizarlas o no, exigirles garantías, siempre de acuerdo a la ley.

Eso es lo primero, y tiene que quedar bien claro.

De lo contrario, caeríamos en un país donde en cada departamento, se puede aplicar una ley diferente.

Por otra parte los decretos de los ediles del PN, fueron anulados, también porque nos parece poco inteligente, pretender prohibir totalmente la minería.

No existe, en el corto y mediano plazo, proyectos mineros planteados en el departamento.

Pero, si existieran, sería bueno, con las correspondientes exigencias, estrictas, en cuanto a lo ambiental, que esa explotación se pudiera realizar. E Incluso llevando adelante lo propuesto por la Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial,  a la que nos referiremos.

¿Que es lo que se está haciendo ahora mismo con el Proyecto Aratirí, allá, en el centro-este del País?´

 ¿Por que ya no se ha firmado ese proyecto?. No se ha firmado, por que el gobierno nacional, viene exigiendo, punto por punto, que se concreten una serie de exigencias, ambientales, principalmente, y también en cuanto a cuestiones financieras.

Este es un ejemplo, bien actual, de que, acá, en Uruguay, no es que venga una empresa y que haga lo que se le cante. Necesitamos inversión, porque eso genera trabajo, pero no a cualquier precio. Y eso lo estamos demostrando.

Pero volvamos a la posibilidad (remota hoy por hoy), de que en Tacuarembó hubiera un proyecto minero. Pensamos que sería positivo. Porque sería parte del desarrollo departamental y nacional, diversificando la matriz productiva, generaría más puestos de trabajo, mejor pagos.

Esto es lo que necesitamos, y no vivir de rentas o vivir de lo que generaron otras generaciones o depender, como en algunas zonas ocurre, solamente de la ganadería, donde, reitero, en algunas zonas, son pocos los ganaderos que tienen tierras y la gran mayoría de los que verdaderamente viven en la campaña, los pequeños productores y los asalariados rurales no tienen siquiera un pedazo de tierra donde poner sus pocos ganados. Ese país, ese departamento, el de la pequeña ganadería sin tierra, el de los asalariados rurales viviendo y trabajando, muchas veces, en malas condiciones, tiene que cambiar. Está cambiando, por que el Instituto de Colonización está trabajando, pero hay mucho por hacer.

 No todo es malo. No todos los asalariados están en malas condiciones, pero que los hay los hay, y unos cuantos. Conocemos casos de personas con cédula de identidad uruguaya, y que tienen 12-13.000 hectáreas, con 1 o 2 peones durmiendo arriba de unos pelegos en un galpón.

Y eso que hemos aprobado leyes, se está controlando más y mejor y hay un sindicato de peones de estancia.

Si hubiera otras opciones de trabajo, quiero ver si se podría tener a la gente como se la tiene en algunos lados.

Sí compartimos, y lo decimos claramente, la línea del documento de Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial, que la propia Intendencia viene elaborando, que ha sido puesto de manifiesto hace algún tiempo. En ese documento, donde estuvo el Ing. Porcile (hombre de confianza de Ezquerra) como uno de los coordinadores (o "el" coordinador) de los equipos de trabajo y donde trabajaron muchos técnicos y actores de distintos sectores de actividad.

En éste documento, no se prohíbe la minería. Pero si se establecen ciertos criterios de protección. Sobre todo se plantea dar garantías de continuidad a la producción tradicional de una zona, si, en conjunto, vecinos y autoridades, se entiende que eso es pertinente y es lo mejor para todos.

Por  ejemplo: si viniera un proyecto minero a instalarse en Caraguatá, en una zona donde puede haber una comunidad de pequeños y medianos ganaderos o agricultores, que viene de otras generaciones, que hay una cultura, que viven en el lugar, que tienen sus familias allí mismo.  En ese caso, por ejemplo, y según lo que establecen las Directrices de Ordenamiento Territorial, se requerirá, incluso, una "licencia social" para que el proyecto minero se pudiera instalar. Es decir se exigiría participación y acuerdo de los propios vecinos.

Y estamos de acuerdo con esto. Pero, como se ve, (se puede leer, porque es un documento público, elaborado en Tacuarembó, por gente de Tacuarembó), éste criterio es diferente a una prohibición de la minería, lisa y llana y en todo el departamento, como querían los ediles del PN.