viernes, 9 de noviembre de 2012


UN CAMION DE ESPERANZA
Hoy viernes 9 de noviembre, un grupo de TRABAJADORES VOLUNTARIOS, acompañamos a una familia (Alejandra y  Leonardo) a cargar un camión de arena, que será utilizada en la construcción de su vivienda.

A partir de la iniciativa de SEMBRAR, por éstos días , varias familias retoman sus tareas para hacer su propia vivienda.

SEMBRAR aporta el cemento portland, las familias aportan el trabajo de levantar la vivienda y todo lo que puedan en materiales . Los voluntarios aportan algunas horas de trabajo, gestionan donaciones de materiales de construcción y colaboran en la organización del grupo.

Alejandra y Leonardo tienen dos hijos chicos y están vivienda en condiciones muy precarias. Felizmente , ahora Leonardo tiene empleo, y eso facilita un poco las cosas.

Hoy retomamos el trabajo concreto y , seguramente, poco a poco, éste SEMBRAR tendrá frutos.

Asentamientos disminuyeron un 11% y 14.274 personas dejaron de vivir en esas zonas
Relevamiento del PIAI
El relevamiento de 2011 indica que la cantidad de personas que viven en barrios irregulares se redujo en 14.274, al comparar con datos 2006. En total, hay 165.711 personas que residen en 48.704 viviendas situadas en 589 asentamientos irregulares. En comparación con 2006, la cantidad de asentamientos se redujo un 11% y la cantidad de personas residentes en barrios irregulares cayó un 8%.
Casa de un barrio de Montevideo
El informe elaborado por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) indica que en Montevideo hay 332 asentamientos, en los que residen 121.101  personas en 31.921 viviendas. En Canelones, la cantidad de personas residentes en asentamientos es de 16.488 personas en 5.064 viviendas, en 91 barrios vulnerables. En el resto del país, el informe constata 36.682 personas viviendo en 11.723 residencias, en 166 barrios irregulares. 

Reducción de asentamientos se generó con políticas focalizadas 
Sin embargo, el informe explica que la generación de núcleos irregulares de vivienda es un proceso estructural y con muchas décadas de consolidación y, por lo tanto, la resolución espontánea de los mismos es catalogada como “muy difícil”. Señala que los procesos urbanos reproducen la alta vulnerabilidad social y excluye a los habitantes de los asentamientos de los circuitos formales, tanto en materia de vivienda, trabajo y servicios sociales. 

“Dado el nivel de consolidación de la irregularidad urbana en el país, no es esperable la reducción “espontánea” de los asentamientos, incluso en un contexto de mejora global de los indicadores socioeconómicos”, concluye el relevamiento. 

El informe también subraya que, si bien las variables económicas y sociales permitieron regularizar a muchos uruguayos, la tendencia de la cantidad de personas residentes en asentamientos no necesariamente debía seguir la misma preferencia, entre otros factores, porque el crecimiento vegetativo (el crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tantos por 100), de los más pobres es superior a la media nacional o por la expansión de los asentamientos ya existentes. 


Ministro Daniel Olesker

"El gasto social actual es seis veces mayor al que se destinaba en la década del 90"

Ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker Olesker dijo que “son absurdas e inconsistentes con la evidencia empírica” las críticas que realizan los partidos de oposición por el gasto social y la ayuda que se otorga sin exigir contrapartidas. Indicó que las críticas favorecen al Gobierno porque permiten realizar un “operativo memoria” y recordar a la población cómo vivía en la década del 90. "El Gobierno tiene sobrados argumentos para mostrar lo que hicimos”, afirmó.
El titular de Desarrollo Social, Daniel Olesker, señaló que este tipo de quejas “me causan gracia porque dejó de ser una discusión conceptual”. En primer término porque el gasto social actualmente se sitúa en 4.200 millones de dólares mientras que en la década del 90 era menos de 700 millones de dólares. Por lo tanto, “está claro que quienes critican el gasto social lo hacen porque no hacían nada.” Recordó su época de dirigente sindical cuando debió pelear —sin éxito— para convocar a los Consejos de Salarios, con la finalidad de evitar rebajas de salarios e informalidad. 

En segundo término, Olesker explicó que está demostrado que se exigen distintas acciones a quienes reciben ayuda del Gobierno. En esa línea, se preguntó si habría 99,5 % de asistencia a Primaria sin las Asignaciones Familiares o habría crecido de un 75 % a un 87 % la asistencia al Ciclo Básico si no se hubiera incluido en las Asignaciones Familiares un plus para Secundaria. Además, reflexionó respecto a si la situación de las mujeres de Uruguay Trabaja, sería la misma si no se les hubiera exigido capacitarse una vez por semana en temas como construcción e informática, entre otros. 

Agregó que para discutir la política social es necesario analizar la evidencia empírica. En ese sentido, los resultados se encuentran a la vista, porque no podría haber bajado la pobreza de un 40 % a un 13 %, la indigencia de un 5 % a un 0,5 % si no existieran políticas adecuadas. Enfatizó que “no son las transferencias las que determinan estos resultados. La tarjeta involucra a 70 mil hogares, mientras que los hogares que bajaron de la pobreza son más de 250.000.” 

Reconoció que estas críticas se irán agudizando a medida que se acerque la etapa electoral, pero considera que son “absurdas e inconsistentes con la evidencia empírica”. De todas formas, cree que ayudan al Gobierno, porque permiten hacer un “operativo memoria”, que recuerda lo que los trabajadores ganaban en la década del 90, los sindicatos inexistentes, la falta de negociación colectiva, los hospitales colapsados y la educación sin funcionamiento. Finalmente dijo que la crítica a la política y el gasto social “nos viene bien porque tenemos sobrados argumentos para mostrar lo que hicimos.” 


CANASTA DE FIN DE AÑO PARA PASIVOS


El presidente del BPS, Ernesto Murro, confirmó este jueves que unos 150 mil jubilados y pensionistas que perciben menos de 7.251 pesos y que viven en hogares de menores recursos recibirán a fin de año una canasta de 900 pesos.
Murro indicó que el beneficio representa un “incremento del 50% con relación al que se otorgó el año pasado”.
Este beneficio corresponderá a “jubilados y pensionistas” cuyas pasividades nominales no superen los 7.251 pesos y que vivan en hogares de menores recursos. En el caso de los pensionistas, recibirán la canasta aquellas personas mayores de 65 años y los que cobran asistencia a la vejez.

7 millones de dólares

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo que para otorgar el beneficio de la canasta de fin de año a jubilados y pensionistas, el gobierno destinará “7,5 millones de dólares”.
Brenta resaltó la importancia de la iniciativa que “se mejora año a año, ya que su monto se triplicó con relación al inicial, hace cinco años”.
Remarcó que la medida “acompaña a otras, adoptadas este año, como el incremento de las jubilaciones mínimas”.
Por su parte, Murro  dijo que la iniciativa pretende “beneficiar a los comercios de barrio como almacenes, panaderías, fábricas de pasta, carnicerías y farmacias, rubro que se incorpora este año. Agregó que hay más de cinco mil los comercios adheridos en todo el país”.
El anuncio del beneficio se realizó en el Ministerio de Trabajo donde también estuvieron presentes representantes de organizaciones de jubilados y pensionistas, CAMBADU, la Cámara Nacional de la Alimentación y la Asociación de Farmacias del Interior y las de Montevideo
TARJETA  MIDES
A continuación adjuntamos la Exposición Escrita que Edgardo Rodríguez presentará la semana que viene en la Cámara de Representantes.
El tema que plantea es  como está funcionando la nueva tarjeta de BPS PRESTACIONES en nuestro departamento, haciendo énfasis en las dificultades que pasan los pequeños comerciantes para acceder a las maquinas necesarias para vender a los beneficiarios.