En el mes de Junio pasado, hicimos un pedido de informes al Instituto Nacional de Semillas, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el cual consultábamos acerca de un convenio que se firmó el 6 de Febrero de 2012, entre el INIA y la empresa Monsanto.
Nunca nos llegó respuesta del Instituto de Semillas, a quién consultábamos, aunque sí nos llegó una respuesta del INIA, (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.) donde se nos informó que la soja es el principal cultivo en Uruguay en los últimos años; que el rendimiento logrado por hectárea (unos 1800 kilos) está muy por "debajo de los rendimientos promedio de los países de la región" y que el incremento de la productividad del cultivo de soja "es un gran desafío".
Ese mejoramiento genético de la soja, está incluido como un objetivo en el Plan Estratégico de INIA (2011-2015). Es así que la Institución se planteó "identificar el material genético de alta adaptación, con superior rendimiento y mayor estabilidad".
Se nos dice que la creación de nuevos cultivares debe estar acompañada de la preocupación por mejorar los canales de acceso a los productores a las modernas novedades tecnológicas, como las características de resistencia a herbicidas, tolerancia a insectos, calidad nutricional y/o algunos de éstos eventos combinados.
Explicada ésta parte, que es más bien programática en cuanto a los objetivos que se planteó INIA, enseguida se nos explica que tienen una política de alianzas con universidades, centros de investigación y empresas de mejoramiento y desarrollo de tecnología. Es justamente, ésta política de alianzas en investigación genética, que despliega INIA, y por lo tanto el País, la que llevó al acuerdo con Monsanto.
La respuesta de INIA a nuestro pedido de informes es respetuosa e incluso debemos mencionar que su presidente, el Ing. Roel, ofreció mantener una entrevista ampliatoria, y que, si bien, no se ha concretado, mucho reconocemos. De la respuesta que tenemos escrita, se nos aclaran varias cuestiones de lo que implica éste convenio con Monsanto, sin embargo no se nos envió, como lo solicitamos, una copia del convenio firmado. No sabemos por qué no se nos entregó una copia de dicho documento, suponemos que no es un secreto de Estado.
A nuestro juicio, el hecho que una empresa transnacional, de enorme poder en cuanto a la generación de patentes y al dominio de la propiedad de paquetes tecnológicos vinculados a la producción agrícola, haga un convenio con una Institución financiada con fondos públicos y guiada por el Estado (más allá que funciona bajo el derecho privado), nos parece una cuestión delicada y que merece no pasar desapercibida.
Hemos pensado en consultar a nuestra bancada y también a las Comisiones de la Cámara que tengan que ver con el asunto, en el sentido de poder profundizar en el conocimiento de lo que implican para el País éste tipo de convenios.
Un tema que mucho se ha discutido y se sigue discutiendo, es todo lo referido a los transgénicos. Ese es todo un capítulo que no pretendemos abordar. En realidad nuestra preocupación central es quién investiga y quién termina dominando todo el paquete tecnológico referido a un cultivo.
En éste caso quien domina la investigación termina dominando el mercado de la semilla y también el de los herbicidas, en particular el glifosato. Terminan colocándonos todo el paquete. Sabemos la importancia que tiene hoy el cultivo de soja. Todo lo que representa para el País. Y está claro también que los productores de soja no son pequeños productores, todo lo contrario. Quizá para este sector de la producción, éste convenio pueda reportarle ventajas. Si se logra (que de esto no hay seguridades) que en una hectárea de tierra se pueda sacar 4000 kilos en vez de los 1800 que se sacan, evidentemente que los beneficios pueden incrementarse notablemente. Pero nosotros queremos mirar la cuestión desde otro lado. Queremos apuntar a que el País tenga su propia investigación en genética de semillas y en cuanto a insumos asociados a los cultivos. Se me dirá que es muy caro y que lleva mucho tiempo. Sin embargo tenemos el convencimiento que se debe recorrer ese camino y no seguir abriéndole camino a empresas muy poderosas, más poderosas que muchos estados.
Queremos saber si la Universidad de la República o la Agencia Nacional de Investigación, o las distintas instituciones vinculadas a la investigación participan o comparten ésta política de alianzas, con éste tipo de empresas y sería bueno saber cuáles son los proyectos de investigación que están desarrollando y que consistencia tienen con dicha política de alianzas. Probablemente éstos temas no interesen al gran público, pero sí que son importantes para la SOBERANÍA con mayúscula del País.
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