ESTRATEGIA POR LA VIDA Y LA CONVIVENCIA
ULTIMA VERSIÓN CON MODIFICACIONES
Fundamentación
Sin duda que
estamos, desde hace varios años ante la
emergencia de “la violencia” como problema prioritario para la
población.
Una violencia que
emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que
se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas.
Entre ellas
destacamos:
·
La violencia en los espectáculos deportivos y la
participación masiva de personas en grescas callejeras.
·
La violencia sistemática hacia los espacios públicos.
·
El fuerte aumento de la violencia contra las personas en
robos y asaltos.
·
La violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en
escuelas y liceos.
·
La violencia silenciosa en el hogar y contra las mujeres,
los niños y la tercera edad.
·
Los accidentes de tránsito, en particular con las motos y la
falta de prevención así como las nuevas maneras de circular como las picadas u
otros juegos similares.
·
Los sucesos ocurridos, aunque aislados ellos, en el sistema
de salud.
Todo
ello va en línea de una pérdida de respeto por la vida humana y a la
convivencia ciudadana y es ese el corazón del problema que la sociedad uruguaya
toda (Estado y ciudadanos) debemos enfrentar.
El valor del estudio, la educación, la cultura no tiene hoy una alta
valoración en términos de reconocimiento social (no sólo de ascenso social)
como lo tuvieron hasta la década del 70. Es un aspecto de valores de la sociedad, fenómeno en relación a los
cuales no se ha dado respuesta integral y suficiente, en términos académicos,
sociales ni políticos. Las expectativas de reconocimiento social están
centradas hoy no en los logros educativos y culturales sino en la realización
de meteóricas carreras en mundos que terminan siendo irreales para la mayoría y
generan frustraciones que inciden en la situación de violencia actual.
Una estrategia que pretenda abordar
la inseguridad pública como problema debe plantearse la convivencia como
solución y tener como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad a partir
de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La
política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una
respuesta intempestiva a éste. La fractura social y el quiebre cultural que aún
existe en el país explican en parte una situación negativa que no queremos que
se consolide en forma definitiva.
La profundidad y permanencia de los procesos de
fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial
en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas
del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en
el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad
delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana
en su integralidad. A ello, se suma la instalación de formas de comportamientos
en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la falta de respeto hacia
formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje
cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años.
Este es un proceso que no arranca hoy pero al que hay
que darle respuesta hoy para garantizar el mañana.
Sin embargo no podemos dejar de tener en cuenta la
influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del
mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad,
del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y
que fueron progresivamente consolidándose en los años 90.
Porque
en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del
país y el trabajo como pilar central de socialización comenzó a ser
cuestionado. Se consolidó además la generación de asentamientos urbanos en
primera instancia en la periferia de Montevideo y luego se extendió al interior
del país. Por ende el barrio y el espacio público como segundo factor clave de
socialización fueron perdiendo centralidad. Y finalmente además del trabajo y
el barrio, otros dos ámbitos específicos de inclusión y sentido de pertenencia
sufrieron alteraciones significativas: la educación y la familia.
La
crisis del 2002, terminó de consolidar definitivamente en Uruguay ese proceso
creciente de marginalidad social y cultural una de cuyas características
sobresalientes es el cambio de las pautas de convivencia que existían en la
sociedad uruguaya.
No
es casual que una parte significativa de este problema esté asociado a niños y
adolescentes nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002.
En
términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso
monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y
económicos derivados, casi exclusivamente del impacto de las políticas
neo-liberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad
del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente
explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente.
En el marco de un
país que crece, en el que cada vez más sectores sociales acceden a un conjunto
de bienes materiales e inmateriales más amplio, en el que se reducen tanto la
indigencia como la pobreza, la marginalidad persiste y se acrecientan diversas
formas de anomia social y transgresión.
Y ello, está
ligado a una manera de encarar la vida desde la visión del éxito individual y
la búsqueda incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta
escala de valores distorsionada la satisfacción individual.
El consumo se
expande y, con la ayuda de los medios de comunicación que promueven la idea de
la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para
la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia
ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad.
Ello implica entonces dar satisfacción a la demanda
cotidiana de mayor seguridad ciudadana, sin contradecir los objetivos de una
estrategia sostenida de mejorar la convivencia social, en un marco de plena
vigencia de los derechos de todos los uruguayos.
La
seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o
empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el
incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es
necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico
y una síntesis, y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia
que se ha profundizado en la sociedad uruguaya.
Estamos
convencidos que esa tendencia no es el destino. Las pautas de convivencia en una sociedad son parte de un conjunto
de valores y actitudes que socialmente están validadas y funcionan como un
acuerdo. En definitiva “el pacto de convivencia es un pacto de obviedad” y
podemos y debemos potenciar valores alternativos.
Se
puede cambiar y estamos utilizando toda la capacidad pública para
construir sociedad y convivencia en el Uruguay. Hay que actuar sobre las causas
pero también sobre los efectos de la violencia. Es imprescindible que la
sociedad uruguaya (y el Estado debe ser una actor relevante para ello)
construya una alternativa social y cultural al pensamiento y los valores
dominantes y mercantilizados que de cohesión a la sociedad uruguaya.
La convivencia que la enorme mayoría de los uruguayos
aspiramos a disfrutar se enfrenta a una variada gama de situaciones de
violencia en la sociedad actual. Ejemplo de esto, como está dicho más arriba,
es la violencia familiar en especial contra niños y mujeres, la violencia en
los centros educativos, en el tránsito, en los espectáculos deportivos o
culturales y en el espacio público, que se suman a los fenómenos delictivos que
ocurren en la sociedad.
Por ello la estrategia propuesta combina la convivencia social y la
seguridad ciudadana. La convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir en
compañía de otros requiere que se promueva en las personas el apego a las
normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad ciudadana,
requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo
los delitos y las faltas.
La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones
desde el ámbito del estado que tienen por objetivo garantizar la plena vigencia
de los derechos ciudadanos para la mejora de la convivencia social. Pero la
sola acción del Estado si bien es condición necesaria no es suficiente, es
preciso involucrar en este proceso al conjunto de las fuerzas sociales,
culturales, económicas. El Poder Ejecutivo será un protagonista central de este
proceso, pero es necesario que el mismo sea acompañado por el conjunto del
sistema político, por los comunicadores, por artistas y deportistas, por el
conjunto de los actores de la sociedad, por el PIT-CNT y las cámaras
empresariales, las Iglesias, las Universidades, por los dirigentes de los equipos deportivos y
generadores de opinión de los medios de comunicación, por la sociedad
toda.
A modo de resumen, y como hemos marcado más arriba, el quiebre social y
cultural ha impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y
aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores
de integración tradicionales. Dado que éste es un fenómeno multidimensional y
cuyos orígenes son de largo aliento en el pasado, la seguridad no puede
concebirse sólo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen. Estas
son claves, pero en su soledad no son eficaces. Por este motivo, urbanismo y
seguridad deben confluir en la medida que el mejoramiento de las
infraestructuras y el uso de los servicios y de los espacios públicos urbanos
contribuyen al mejoramiento de la convivencia y de la seguridad en las
ciudades. Al mismo tiempo esta estrategia tiene un componente transversal en su
diseño que es el territorio.
Debe incorporarse
el factor de la integración social a partir de potentes intervenciones en
infraestructura para la convivencia.
Hay que construir
comunidad en los territorios, en el sentido de favorecer la pertenencia a un
proyecto común en término de valores por parte de las personas. Hay que
construir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza el Estado fracasado y
ausente. Intervenir la trama urbana con acciones integrales, cuyo sentido
central sea recuperar lugares para estar, para vivir, para intercambiar. La
desigualdad territorial que también se expresa en la relación de metros
cuadrados de espacio público por barrio, favorece la inseguridad pública.
Creemos
con mucha firmeza que es posible re-tejer la fractura social pero debemos
disponer de todas las herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la
ciudad orientadas a su transformación. Debemos recurrir a una “acupuntura
urbana”, en tanto dispositivo preciso de intervenciones plurales pero
combinadas en un territorio. Los puntos de intervención se constituyen en los
nodos de una red de integración de servicios sociales que se deberá ir tejiendo
en la nueva piel de la ciudad. Para que su contacto, nos llame a la caricia y no a la
distancia.
Superar
el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria
para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador
de encuentros. El propósito es dotar de equipamientos para la convivencia y el
disfrute de la vida con fino sentido estético y alta funcionalidad. Lo mejor
para quienes más lo necesitan para poder saldar una deuda histórica y
garantizar la viabilidad del país como proyecto de vida común.
Y es
en ese sentido que las políticas sociales en el territorio articuladas y no
dispersas, auto acumuladas en sus impactos y coordinadas por MIDES juegan un
rol clave en el proceso de construcción de una estrategia de convivencia
ciudadana.
Autoridad,
reciprocidad y convivencia
El enfoque de la estrategia de Convivencia y
Seguridad Ciudadana está centrado en tres definiciones claves: el ejercicio de
la autoridad; la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia.
El ejercicio de la autoridad implica que el gobierno
legitimado por la voluntad popular cumple sus cometidos dentro de las reglas
del Estado de Derecho y con estricto respeto de la institucionalidad
democrática y de los derechos de las personas. En función de esto utiliza todos
y cada uno de los instrumentos legales para hacer efectiva el derecho a la
protección de las personas ante la violencia.
La práctica de la reciprocidad implica que existen
derechos y obligaciones. El Estado debe garantizar la seguridad respetando los
derechos humanos. No responderemos a la violencia ilegítima de la delincuencia
con más violencia irracional desde el Estado. Las políticas de “mano dura” han
demostrado ser poco eficientes y con una clara tendencia a desplazarse hacia la
“mano bruta e injusta”. Apelaremos a la prevención como norte estratégico y
filosófico, porque estamos convencidos de ello, pero no dudamos en aplicar en
todo momento medidas disuasivas o represivas, dentro del marco de la
Constitución y la ley cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a la
seguridad ciudadana.
El desarrollo de la convivencia es la garantía de una
sociedad más segura. El problema no es sólo el delito, sino también la cultura
de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que ha construido la sociedad
uruguaya en los últimos años. El pilar central es promover y desarrollar la
cultura ciudadana entendida como el conjunto de los comportamientos, valores,
actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad y que
determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto
del patrimonio común, y facilitan o dificultan el reconocimiento de los
derechos y deberes ciudadanos.
La integralidad de la respuesta
La estrategia de por la Vida y la Convivencia se
construye sobre cuatro pilares centrales, que en su despliegue garantizan la
integralidad y el equilibrio razonable que se debe tener.
1) Adecuación normativa para fortalecer la convivencia
Así como la convivencia es el pacto de lo obvio, los
instrumentos legales son acuerdos estipulados por las sociedades que responden
a circunstancias específicas. Periódicamente hay que ajustarlos porque las
sociedades incluyen como dinámica distintiva la permanencia y el cambio en sus
conductas. Las normas para ser justas tienen que ser pertinentes a su tiempo y
dar cuenta de la realidad.
En este contexto, el Poder Ejecutivo pondrá a
consideración del Parlamento una serie de iniciativas que apuntan a mejorar las
normas que permitan fortalecer la convivencia en la sociedad, así como
desarrollará otras en el marco de las normas actualmente vigentes.
Hay hoy un conjunto de acciones que ya realiza el
Estado en materia de convivencia ciudadana con un eje en los proyectos de
integración social del Gabinete social coordinados por MIDES y que se
integrarán al marco de trabajo que propone este documento.
A
cuenta del desarrollo que cada una de estas medidas tendrá anunciamos la
discusión de proyectos de ley que tengan en cuenta:
·
Reparación a las víctimas de delito con la constitución de
un fondo nacional de indemnización a las víctimas de delitos violentos
(pensiones u otras alternativas para familiares). Requiere proyecto de ley que
será enviado al parlamento.
·
Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y
tráfico de pasta base. Requiere proyecto de ley.
·
Modificaciones al Código de la Niñez y de la Adolescencia en
lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores. Requiere
proyecto de ley.
·
Código de Procedimiento Penal, insistir con la sanción del
proyecto a estudio en el Poder Legislativo.
·
Faltas: trabajar sobre eliminar una cantidad de faltas que
dejaron de tener vigencia y mantener las que son necesarias, y volver a crear
los Juzgados de Falta.
·
Abordaje integral de la problemática
de las personas afectadas por el consumo problemático de Drogas y su entorno
que implica la
generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre
las principales consecuencias del consumo de Drogas en particular de la pasta
base de cocaína La Rendición de Cuentas
incluirá el financiamiento para esta estrategia de abordaje.
·
Creación de dispositivos
judiciales especializados en el narcomenudeo
·
Legalización regulada y controlada de la marihuana. Requiere
proyecto de ley.
Por
otra parte estamos trabajando fuertemente ya en aspectos sustantivos del
proceso que estamos analizando y fortaleceremos esas acciones en materia de uso
de los espacios públicos, de la internación
de adictos, de la violencia intrapersonal y familiar y de los accidentes
de tránsito.
Sólo
a manera de respaldar estas iniciativas comentamos que:
Uso de Espacios Públicos
Una acción decidida y sistemática de prohibir el uso
del espacio público para dormir o acampar debe concebirse como una estrategia
que apunta a garantizar los derechos humanos, en primer lugar de quienes
duermen y viven en la calle. Todos comprendemos que hay que defender los
derechos de las personas incluso cuando la misma no lo desee o demuestre una
actitud contraria. Esta acción es la consecuencia lógica de un Estado que está
reconstruyendo un sistema de bienestar y protección social y no da vuelta la
cara a este problema. Pero también, hay que concebirlo como una decisión de
hacer valer los derechos de todos los ciudadanos.
Sabemos que en
la actualidad no existen capacidades instaladas de asumir en los centros
disponibles el tipo de tratamientos adecuados para lo que hemos denominado
núcleo duro en situación de calle. Sabemos que nos encontramos frente a una
población de carácter heterogéneo, cambiante, vulnerable y reacia a acercarse a
los diversos dispositivos de atención, es por esto que se requiere incrementar
la capacidad creativa, flexibilizar las acciones, capacitar personal y contar
con recursos humanos y materiales, además de realizar articulaciones
múltiples y protocolos
de intervención coordinados
con otros servicios y entidades para intervenir en calle, a través del
apoyo de otras redes especializadas como
la atención al consumo problemático de sustancias,
salud mental, entre otros.
Por tal motivo
entendemos necesario que el Estado en su conjunto desarrolle estrategias que
den respuesta, con centros que estén preparados para recibir personas en
situaciones de vida o ciclos de sus patologías que no les hace posible adaptarse
al servicio que hoy el MIDES brinda y no tienen respuesta en otros lugares del
Estado.
Esto significa
definir un presupuesto para esta población garantizando la infraestructura y
los equipos necesarios a tal fin.
Abordaje
integral de personas afectadas por el consumo problemático de Drogas.
Se propone
ampliar la instalación de dispositivos orientados a la Reducción de los Riesgos
y Daños de los ciudadanos afectados por el consumo de Drogas que implica la
instalación de:
·
Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis
Adictivas – ERICA.
·
Dispositivos de proximidad: Centros de Escucha y derivación.
·
Consultorios u Hospitales móviles (para Montevideo y
Canelones).
·
Desarrollo de Centros Regionales para el 2do. y 3er. Nivel
de Atención.
·
Centros de atención y tratamiento para personas privadas de
libertad.
·
Dispositivos de tratamiento ambulatorios, mantenimiento y
prevención de recaídas.
En conjunto la
intervención a realizar tendrá una cobertura total de 1.970 personas.
El conjunto de
esta propuesta implica 520 intervenciones de proximidad o de intervención en la
emergencia.
La atención
directa a partir de los Centros de Día, implicará 780 plazas ambulatorias.
Asimismo
participarán de la iniciativa al menos 120 personas privadas de libertad que
podrán abordar su problemática en forma “ambulatoria” en los mismos recintos
carcelarios.
En centros de
internación de 2do y 3er Nivel de Atención se dispondrá de 550 plazas
residenciales.
A efectos de
la gestión del conjunto de iniciativas esbozadas en esta propuesta se
constituirá un Consorcio Público para la Reducción de la Demanda de Drogas,
integrado por las Sub-secretarias integrantes de la JND directamente
involucradas en la temática.
Violencia
Doméstica
En el año 1995 la legislación uruguaya incorpora el delito de
violencia doméstica al Código Penal con la aprobación de la Ley N° 16.707 de
Seguridad Ciudadana., En julio del año 2002 el
Parlamento uruguayo aprobó la Ley
Nº 17.514 o Ley de Violencia Doméstica.
La estrategia central son los Servicios
Públicos de Atención garantizan la presencia del Ministerio de Desarrollo
Social a nivel territorial en la tarea específica de atender a la problemática
de la violencia doméstica basada en género. Los servicios nacionales, a pesar
de la ley, estaban radicados en 2005 sólo en Montevideo, hoy están en 13
departamentos y a 2014 se planificaron ya en los 19 departamentos.
Al mismo tiempo en enero de 2009 se
celebra un Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para la
implementación de medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de las mujeres
en general y de las mujeres con personas a cargo y/o en situación de violencia
doméstica en particular.
Al mismo tiempo se desarrollan casas de
breve estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con riesgo de
vida, en Montevideo y 2 departamentos del interior, con
alcance nacional:
A su vez, en la órbita del Ministerio del Interior se
pondrá en marcha en las próximas semanas el Sistema de Información Especializado de denuncias de Violencia
Doméstica. Este sistema de información nos va a posibilitar captar mejor el
problema de la violencia doméstica que en muchos casos quedan tipificados como
otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etc.) Este módulo
incorpora parámetros que permiten construir indicadores de riesgo que ayuden al
policía que interviene en cada situación a evaluar la situación que se le
presenta y definir con mayor precisión la estrategia de protección de las
víctimas.
Medios de
Comunicación
Finalmente entendemos que todas estas
medidas y las que ya existen deben ir acompañadas de un compromiso muy fuerte
de los medios de comunicación.
La caída
sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo
desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc., nada de esto
aparece reflejado con la importancia que tienen en los medios masivos de
comunicación.
No ocurre lo
mismo con la crónica roja. En el año 2006 hubieron algo más de 25.000 segundos
por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales
ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo del 2012 fue de más de 50.000.
Y no es sólo un problema cuantitativo, sino
cualitativo, en tanto los medios de comunicación, en especial la TV, ya no sólo
reflejan la realidad sino que pueden amplificarla y multiplicarla, al generar
imágenes e informaciones que terminan incluso, aunque no sea su intención,
exaltando la violencia y estimulando conductas agresivas.
Esto pasa cuando algunos medios manejan la
información de manera irresponsable y sensacionalista, convirtiendo a la
información en un espectáculo, ya sea reiterando imágenes de violencia excesiva
o mostrando imágenes ostensiblemente crueles o que exaltan el sufrimiento de
personas u otros seres vivos.
Es por eso que tenemos que reflexionar, junto
con los medios, sus trabajadores y todos los ciudadanos, sobre cómo encontrar
un sano equilibrio entre el derecho de los medios de informar sobre asuntos de
interés público con los derechos que tienen las personas ante esos propios
medios.
La regulación no puede ser un mecanismo para
acallar a los medios o impedir que se informe de cosas que, lamentablemente
suceden, pero también hay que decir,
enfáticamente, que los medios tienen obligaciones y responsabilidades
ineludibles para con la sociedad.
En especial, respecto al derecho de las personas
más vulnerables: los niños y niñas de este país. Son ellos quienes están
expuestos a programas y contenidos que pueden perjudicar seriamente su
desarrollo, y por tanto se convierten en
la principal preocupación de este gobierno en relación a medios de
comunicación y la estrategia por la vida y la convivencia.
Vasta
normativa internacional e incluso nacional reconoce y regula los derechos de la
niñez ante los medios de comunicación, en el entendido de la importancia que
estos medios tienen en la formación de sentidos y valores.
Todos los países del mundo sin distinción tienen
regulación para protegerlos de la exposición abusiva de ciertos contenidos que
se difunden en los medios de comunicación. Entre ellas creemos que no tiene
ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección del menor
estén excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos comprenda a toda
la programación.
Nos
proponemos revisar y aplicar la normativa actual que Uruguay ya tiene al
respecto, realizando controles efectivos de la misma y estimulando la
participación activa e informada de la población en defensa de sus derechos.
Pero a la vez creemos imprescindible proponer a los propios medios y sus
trabajadores, que desarrollen formas de autorregulación adoptadas por ellos
mismos, de manera libre, transparente y voluntaria, y con la más amplia participación
ciudadana.
2) Mejoramiento de la eficacia y la transparencia
policial.
En la mejora de la
seguridad ciudadana es clave mejorar la eficacia policial a través de un
conjunto de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el
conocimiento y la inteligencia aplicada.
En esa dirección
se promueve la instalación de un sistema
de trabajo en las Comisarías en base a gestión por resultados y control de
indicadores, sistemas de patrullaje basados en evidencia científica, uso
intensivo de sistemas de información geográfica para la intervención policial,
adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía
fundamentalmente en el área metropolitana, gestión de calidad en los sistemas
de comunicación policial y sistemas permanentes de control de desbordes y
corrupción policial.
La Policía Nacional ha tenido un fuerte respaldo
presupuestal como nunca en su historia que se traduce en aumento significativo
de salarios, mejora de equipamiento y tecnología. Hoy la sociedad está en
condiciones de tener más y mejores resultados en la prevención y represión del
delito.
3) Sistema de centros de mediación de conflictos en el
área metropolitana.
Se propone el fortalecimiento del sistema de centros
de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área
metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros educativos. (ya
la Suprema corte de Justicia ha trabajado en esto y hay un trabajo del Mec en
ese sentido en los centros educativos también)
A nivel comunitario, el propósito es desarrollar e
impulsar mecanismos de resolución no violenta de conflictos que permitan
mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales en particular en zonas
donde se ha registrado un incremento de la violencia y el delito originadas por
riñas, disputas y problemas de vecindario.
En el caso de
los centros educativos se propone una experiencia de creación y fortalecimiento
de espacios de mediación, inicialmente en diversas localidades del Área
Metropolitana y del interior del país, conjugando las contribuciones del Poder
Judicial, del Ministerio Público Fiscal, Ministerio del Interior y Gabinete
Social, Intendencias y Municipios,
Facultades de Derecho y estudiantes de Derecho (tomando el antecedente de los
consultorios jurídicos barriales), en interacción con organizaciones sociales.
En la educación
media se pretende combinar una intervención que amalgame la participación y la
organización estudiantil, junto a la mediación de conflictos. En los liceos se
instalará un dispositivo para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes
Mediadores. Se trata de adolescentes que siendo elegidos y reconocidos por sus
pares se capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos
interpersonales para ser un vínculo con el entorno. A su vez, se realizará un
programa de formación a los docentes sobre manejo de situaciones de conflicto y
violencia en los centros educativos.
Para ello
contribuirán las consejerías adolescentes que se instalarán este año en
articulación con MIDES y MSP.
4) Equipamientos e infraestructura para la convivencia y
el uso intensivo de los espacios públicos.
El objetivo es crear nuevas centralidades en algunos
barrios del área metropolitana dotando a los mismos de enclaves multipropósito
con infraestructura para la convivencia. Construir ciudad y mejorar la
planificación urbana son respuestas pertinentes y necesarias. El objetivo político es favorecer el uso intensivo de
los espacios públicos para mejorar la cohesión social y la convivencia, y por
tanto garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.
Los equipamientos tendrán infraestructura deportiva,
espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y
recreativas. A su vez, se instalarán servicios públicos orientados a la
integración social realizando sinergia con programas e iniciativas que ya
implementan Ministerios y organismos de gobierno. Alta calidad y fino sentido
estético.
Estos espacios se deben transformar en la expresión
concreta de una modalidad de convivencia intergeneracional e interbarrial en un
espacio público. Pretende ser un ícono y una metáfora de la apuesta de la
sociedad en la temática: reconstruir la trama urbana y ubicar al vecindario y
al barrio como un lugar para vivir y compartir y no como un espacio ganado por
la inseguridad, la falta de control y límites.
En ese contexto, se entiende pertinente iniciar un
camino para cristalizar una estrategia inclusiva que se puede sintetizar en
“Más barrio y más vida”.
Más barrio porque el objetivo es fortalecer la trama
urbana, mejorar la convivencia y el contacto cara a cara. Busca recuperar la
habitabilidad y las relaciones de cercanía entre las personas de las
comunidades.
Más vida porque el centro del conjunto de las
acciones apunta a elevar la calidad de vida de las poblaciones seleccionadas,
fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia a la sociedad. Más vida
es pues más ciudadanía efectiva.
La rendición
de cuentas ya incluirá el financiamiento de esta estrategia de convivencia para
los próximos tres años.
ANEXO:
RESUMEN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA POR
LA VIDA Y LA CONVIVENCIA
a)
Reparación a las víctimas de delito con la constitución de un fondo nacional de
indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras
alternativas para familiares).
b)
Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta
base.
c)
Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la
normativa que rige para los menores infractores.
d)
Eliminación de la tipificación de una serie de conductas como “faltas” y
mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana,
adecuándose los mecanismos procesales para su efectiva sanción por parte del
Poder Judicial volviendo a crear los Juzgados de Faltas.
e) Abordaje integral de la problemática de las
personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno que
implica: la
generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre
las principales consecuencias del consumo de drogas en particular de la pasta
base de cocaína. La Rendición de Cuentas
incluirá el financiamiento para esta estrategia de abordaje.
f) Creación de dispositivos judiciales
especializados en el narcomenudeo
g)
Legalización regulada y controlada de la marihuana.
h) Creemos que no
tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección del
menor estén excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos comprenda a
toda la programación.
i) Promover, en diálogo con los medios de
comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, la adopción
de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a
seguridad y violencia, a la vez que su involucramiento en la promoción de
valores y derechos, para lograr una mejor convivencia.
j) A los efectos
de mejorar la eficacia y transparencia policial se presentan un conjunto de
programas de gestión de calidad a partir de:
.- lnstalación
de un sistema de trabajo en las Comisarías en base a gestión por resultados y
control de indicadores,
.- Un nuevo sistema de patrullaje basados en
evidencia científica a través del uso intensivo de sistemas de información
geográfica para la intervención policial,
.- Adaptación al territorio del despliegue operativo
de la Policía fundamentalmente en el área metropolitana a través de la creación
de zonas y nuevas comisarías en el área metropolitana
.- Instalación
de un Laboratorio Especializado para Análisis de drogas que permitirá
identificar los componentes de las mismas y proceder (en base al resultado del
análisis) aplicando las normativas anunciadas.
..- Instalación de un sistema de gestión de calidad
en todos los sistemas de comunicación policial, en particular en aquellos que
están relacionados directamente a la atención a la ciudadanía
.- Fortalecimiento de sistemas y procedimientos
permanentes de control de desbordes y corrupción policial.
k) Se propone el fortalecimiento del
sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas
del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros
educativos. (ya la Suprema corte de Justicia ha trabajado en esto y hay un
trabajo del Mec en ese sentido en los centros educativos también)
l) En la educación media se pretende
combinar una intervención que amalgame la participación y la organización
estudiantil, junto a la mediación de conflictos. En los liceos se instalará un
dispositivo para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores. Se
trata de adolescentes que siendo elegidos y reconocidos por sus pares se
capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos interpersonales
para ser un vínculo con el entorno.
m) Proponemos generar nuevas centralidades en algunos
barrios del área metropolitana a través de plazas de convivencia con
equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades
culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas. A su vez, se
instalarán servicios públicos orientados a la integración social realizando
sinergia con programas e iniciativas que ya implementan Ministerios y
organismos de gobierno.
n) Sistema de Información Especializado de denuncias
de Violencia Doméstica. Este sistema de información nos va a posibilitar captar
mejor el problema de la violencia doméstica que en muchos casos quedan tipificados
como otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etc.) Este módulo
incorpora parámetros que permiten construir indicadores de riesgo que ayuden al
policía que interviene en cada situación a evaluar la situación que se le
presenta y definir con mayor precisión la estrategia de protección de las
víctimas.
o) Mejora en
la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía
Nacional Caminera colaborando con los
gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito en las intendencias.
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