Edgardo Rodríguez

A continuación transcribimos un articulo que salió publicado en el día de  hoy miércoles 4 de julio, en La Diaria. En el mismo se  analiza el tema de la firma del Convenio entre INIA y Monsanto, y al final comenta el Pedido de Informes realizado por Edgardo Rodríguez sobre este tema.

Preocupación patente

INIA y productores se reunieron por convenio con Monsanto; diputado del FA hizo pedido de informes sobre sus alcances.

Autoridades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) se reunieron ayer para debatir entre otros temas el convenio firmado el 16 mayo por el INIA y la empresa estadounidense Monsanto, para el desarrollo de una variedad local de soja transgénica sobre la base de la nueva tecnología RR2Y-Bt, con el objetivo de aumentar la productividad del cultivo más importante del país. Por el INIA asistieron el presidente Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, que fueron recibidos por el presidente de la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta Directiva del INIA Joaquín Mangado.

Mario Buzzalino,
presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). 

La CNFR entregó a Roel un documento en el que se plantean aspectos sobre el funcionamiento del INIA que “preocupan” a la gremial. Buzzalino explicó que entre los temas “más sensibles” estuvieron los “recortes en los presupuestos” de algunas áreas específicas de investigación, como “la vegetal intensiva”, que se redujo a “3,4% del presupuesto” y se trata de un sector que “involucra mucha gente y es de importancia vital para el país, porque es donde se genera gran parte de la comida de la ciudadanía”. Las autoridades del INIA explicaron que tanto la producción familiar como la vegetal intensiva están “cruzadas” en varios proyectos y en realidad dispondrían de 17% del presupuesto.

Sobre la mesa estuvo también la firma del convenio entre el INIA y Monsanto rechazado por la CNFR, que decidió enviar una nota a Roel pidiendo explicaciones. Según supo la diaria, las autoridades del INIA han informado en diferentes instancias que el convenio consiste en el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad.

Según Buzzalino, las autoridades del INIA señalaron que el instituto “tiene la posibilidad”, una vez finalizada la etapa de investigación e incorporación de la tecnología de “desactivar el programa”. “Todavía no se ha negociado la parte comercial con la multinacional”, dijo Buzzalino, y “hay que ver a qué aspira la empresa”, porque “todos sabemos” que Monsanto “no va a venir” a Uruguay “para ganar 6.000 dólares por incorporar un gen a una semilla”.

Luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. Vale recordar que la patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014. “Es claro” que Uruguay tiene que “crecer en tecnología” y la investigación genética “es muy cara”, pero “sabemos” que el mercado mundial de semillas “lo manejan cinco empresas” y “estamos en contra de ese tipo de monopolios”, porque se “parece mucho a regalar la independencia”, concluyó Buzzalino.

Álvaro Roel, de INIA, dijo que en la reunión se trató “un montón de temas de acción concreta” conjunta y otros “en los que hay algunas diferencias de concepciones de ideas”. Sobre el convenio con Monsanto, Roel dijo que se conversó pero “no fue el tema central”. “Transferimos la información y vemos que aquí hay mucho para avanzar” en cuanto a “mejorar la comunicación” sobre estos “procesos estratégicos de vinculación con el sector privado”, indicó Roel. También destacó que varios programas del INIA, como el de producción ganadera, el de sustentabilidad ambiental o el hortifrutícola, “tienen proyectos específicos vinculados a la producción familiar”, una “opción central” del instituto.

La firma del convenio entre el INIA y Monsanto también motivó acciones en el Parlamento. A principios de junio el diputado tacuaremboense Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio) presentó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Instituto Nacional de Semillas para conocer “en profundidad” los alcances y “las consecuencias” del convenio.

Rodríguez dijo a la diaria que se enteró por una conocida y si bien “no queremos tener prejuicios ni preconceptos, sabemos que Monsanto es una empresa enorme que genera y produce semillas modificadas genéticamente, las patenta y luego tiene el manejo absoluto de éstas, y ha pretendido imponer condiciones inaceptables a agricultores en diferentes partes del mundo”. Rodríguez preguntó entre otras cosas “cuáles son los argumentos” de la firma del convenio, “qué derechos adquiere” Monsanto y qué participación va a tener “con respecto a la semilla generada” porque “es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”. El legislador dijo que en función de la respuesta evaluará los pasos a seguir.