Olesker: Las políticas sociales generan herramientas que logran mayor grado de autonomía
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, aseguró que Uruguay trabaja en políticas públicas que generan herramientas para lograr mayor grado de autonomía para adultos mayores y personas con discapacidad. La XI Conferencia de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica se está realizando en Montevideo hasta este miércoles en el Centro de Cooperación Española.
La XI Conferencia de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) incluye la participación de representantes de más de 20 países. El objetivo central es el debate sobre políticas públicas en discapacidad y adultos mayores, así como la promoción de su autonomía personal.
Esta iniciativa es coordinada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Sanidad de España, junto con el Mides, a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor y el Programa Nacional de Discapacidad.
En la apertura de la actividad, el ministro de Desarrollo Social aseguró que hay dos temas específicos, objetivos de esta reunión, y que ambos son comprendidos entre las obligaciones del Mides: los adultos mayores y las personas con discapacidad, en los casos que no son autoválidos.
El concepto central que se debatirá es el de autonomía para estos sectores de la población.
Olesker destacó la importancia de fomentar la autonomía y dijo que, si bien es un problema que en nuestro país siempre existió, fue abordado por las políticas sociales fundamentalmente a partir de los últimos períodos de gobierno.
Citó como ejemplos el proyecto de asistentes personales para personas con dependencia severa y el traslado de la regulación de los hogares de larga estadía de adultos mayores del Ministerio de Salud Pública al de Desarrollo Social. “En ambos casos el concepto es quitar el componente sanitario como exclusivamente la mirada de la discapacidad y del adulto mayor no autoválido e ir al concepto social de autonomía”, señaló.
“Por eso construimos un baremo de la dependencia que mide únicamente la capacidad de ser autoválidos y qué tipo de dependencia tienen”, agregó. A partir del concepto de autonomía y de dependencia, se generan instrumentos que permiten a las personas lograr un mayor grado de independencia.
Más de 500.000 personas con discapacidad
La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), María José Bagnato, dijo que según el último censo más de 500.000 personas reconocieron padecer algún nivel de discapacidad y hay un 10 % de personas que declaran tener una discapacidad moderada y severa.
"Según la encuesta, dentro de las personas con discapacidad severa, beneficiarias del Banco de Previsión Social (BPS), se estima que habría unas 6.000 en situación de dependencia y, dentro de este grupo, unas 3.000 con dependencia severa", señaló Bagnato.
Aseguró también que tener datos concretos de este sector tan vulnerable de la sociedad permite aplicar políticas específicas y dar respuestas concretas.
En este marco, se está concretando la reglamentación de la ley de discapacidad sobre asistentes personales. El Estado a través del BPS transferirá dinero para que las personas puedan contratar un asistente personal, ajeno a su entorno familiar. "Esto, sin duda, mejora la autonomía de la persona con discapacidad y ayuda a su familia a que pueda disponer de ese tiempo para otras tareas", explicó.
Por otra parte, la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores), Adriana Rovira, destacó el trabajo que se realiza en la región a través de políticas coordinadas y articuladas a nivel interinstitucional e intrainstitucional.
Según manifestó, el Mides entiende que es necesario impulsar y mejorar las redes y los procesos de trabajo entre las áreas de discapacidad y de adulto mayor. “Nuestro país trabaja en esta línea”, aseguró.
Agregó además que con el apoyo de la RIICOTEC se realizó la primera encuesta a nivel de dependencia, se ejecutaron proyectos y realizaron talleres. “La región busca un cambio de paradigma, que implica un cambio en lo conceptual y en la práctica, y de la propia política institucional” puntualizó.
Esta iniciativa es coordinada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Sanidad de España, junto con el Mides, a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor y el Programa Nacional de Discapacidad.
En la apertura de la actividad, el ministro de Desarrollo Social aseguró que hay dos temas específicos, objetivos de esta reunión, y que ambos son comprendidos entre las obligaciones del Mides: los adultos mayores y las personas con discapacidad, en los casos que no son autoválidos.
El concepto central que se debatirá es el de autonomía para estos sectores de la población.
Olesker destacó la importancia de fomentar la autonomía y dijo que, si bien es un problema que en nuestro país siempre existió, fue abordado por las políticas sociales fundamentalmente a partir de los últimos períodos de gobierno.
Citó como ejemplos el proyecto de asistentes personales para personas con dependencia severa y el traslado de la regulación de los hogares de larga estadía de adultos mayores del Ministerio de Salud Pública al de Desarrollo Social. “En ambos casos el concepto es quitar el componente sanitario como exclusivamente la mirada de la discapacidad y del adulto mayor no autoválido e ir al concepto social de autonomía”, señaló.
“Por eso construimos un baremo de la dependencia que mide únicamente la capacidad de ser autoválidos y qué tipo de dependencia tienen”, agregó. A partir del concepto de autonomía y de dependencia, se generan instrumentos que permiten a las personas lograr un mayor grado de independencia.
Más de 500.000 personas con discapacidad
La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), María José Bagnato, dijo que según el último censo más de 500.000 personas reconocieron padecer algún nivel de discapacidad y hay un 10 % de personas que declaran tener una discapacidad moderada y severa.
"Según la encuesta, dentro de las personas con discapacidad severa, beneficiarias del Banco de Previsión Social (BPS), se estima que habría unas 6.000 en situación de dependencia y, dentro de este grupo, unas 3.000 con dependencia severa", señaló Bagnato.
Aseguró también que tener datos concretos de este sector tan vulnerable de la sociedad permite aplicar políticas específicas y dar respuestas concretas.
En este marco, se está concretando la reglamentación de la ley de discapacidad sobre asistentes personales. El Estado a través del BPS transferirá dinero para que las personas puedan contratar un asistente personal, ajeno a su entorno familiar. "Esto, sin duda, mejora la autonomía de la persona con discapacidad y ayuda a su familia a que pueda disponer de ese tiempo para otras tareas", explicó.
Por otra parte, la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores), Adriana Rovira, destacó el trabajo que se realiza en la región a través de políticas coordinadas y articuladas a nivel interinstitucional e intrainstitucional.
Según manifestó, el Mides entiende que es necesario impulsar y mejorar las redes y los procesos de trabajo entre las áreas de discapacidad y de adulto mayor. “Nuestro país trabaja en esta línea”, aseguró.
Agregó además que con el apoyo de la RIICOTEC se realizó la primera encuesta a nivel de dependencia, se ejecutaron proyectos y realizaron talleres. “La región busca un cambio de paradigma, que implica un cambio en lo conceptual y en la práctica, y de la propia política institucional” puntualizó.
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